Medidas drásticas contra la inmigración indocumentada en Florida
El gobernador de Florida,Ron DeSantis John Bazemore/AP
El miércoles pasado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dio luz verde a una nueva legislación migratoria que destina 12 millones de dólares a un programa de reubicación de migrantes hacia estados gobernados por demócratas.
Según esta medida, cualquier persona que transporte a alguien que haya ingresado ilegalmente al país podría enfrentar una sentencia de cinco años de prisión o una multa de 5.000 dólares por individuo transportado. Además, la ley impone a las empresas con al menos 25 empleados la obligación de verificar el estatus migratorio de sus trabajadores en la base de datos federal conocida como E-Verify. Asimismo, se establecen sanciones para los empleadores que, a sabiendas, contraten a "extranjeros no autorizados".
La ley migratoria de Florida, conocida como H.R. 1718, entrará en vigor el primero de julio, generando inquietud y temor en todo el estado. Se trata de una legislación excepcionalmente rigurosa en los Estados Unidos, debido a la severidad de sus castigos y requisitos. Uno de los aspectos que más preocupa tanto a los indocumentados como a los ciudadanos y residentes permanentes es la exigencia de que los hospitales indaguen sobre el estatus migratorio de sus pacientes.
Empleo y Movilidad
La nueva ley migratoria firmada por el gobernador DeSantis en Florida establece importantes cambios en el empleo y la movilidad de los inmigrantes indocumentados. A partir del 1 de julio, las empresas con más de 25 empleados deberán verificar el estatus legal de sus nuevos trabajadores a través del sistema E-Verify. Aquellos empleadores que no cumplan con esta obligación podrán enfrentar sanciones, incluyendo la posible revocación de su licencia como empleador.
La ley también castiga el transporte de inmigrantes indocumentados hacia Florida. El transporte por primera vez de personas sin autorización migratoria será considerado un delito de tercer grado, con penas de hasta 5 años de cárcel y multas de hasta 5.000 dólares por persona. Para los reincidentes, aquellos que transporten a menores o grupos de más de cinco inmigrantes, se considerará un delito de segundo grado, con penas de hasta 15 años de cárcel y multas de hasta 10.000 dólares por persona.
Además, la nueva ley limita la movilidad de los inmigrantes indocumentados al prohibirles usar licencias de conducir emitidas por otros estados en Florida. También se prohíbe a los condados y municipios destinar fondos para emitir documentos de identidad a los extranjeros indocumentados. Por último, los hospitales que atienden a pacientes cubiertos por el programa de salud Medicaid deberán incluir una pregunta sobre el estatus migratorio en sus formularios de admisión y presentar informes trimestrales sobre la atención brindada a pacientes de diferentes categorías migratorias.
Estos son los aspectos clave de la nueva ley migratoria en Florida, que ha generado preocupación y temor entre la comunidad inmigrante y residentes permanentes.
Impacto Económico
Desde la promulgación de la nueva ley migratoria en Florida, ha habido informes de trabajadores indocumentados que han dejado sus empleos y se han mudado a otros estados por temor a las consecuencias de la normativa. La Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida ha expresado su preocupación, afirmando que la ley es cruel y plantea interrogantes sobre quién realizará trabajos fundamentales en la sociedad.
Además, ha surgido la noticia de posibles boicots de conductores de camiones de carga que se niegan a transportar mercancías a Florida en protesta contra la nueva ley. Sin embargo, la veracidad y el alcance de estas acciones aún no han sido confirmados.
La ley migratoria de Florida no es la primera medida controvertida del gobernador DeSantis. En septiembre de 2022, se generó polémica cuando las autoridades de Florida utilizaron un avión privado para trasladar migrantes a la isla de Martha's Vineyard. La nueva ley también destina 12 millones de dólares adicionales al programa de reubicación de migrantes en el estado.
DeSantis ha justificado la ley argumentando el caos en la frontera de Estados Unidos y acusando al presidente Joe Biden de no proteger adecuadamente el territorio estadounidense. Algunos analistas vinculan estas medidas y otras recientes, como la ley educativa que limita la enseñanza de temas de género, con las supuestas aspiraciones presidenciales de DeSantis dentro del Partido Republicano.